La Cacha
Juicio a la casa del terror
Afuera
La Cacha funcionó entre diciembre de 1976 y octubre de 1978 en las instalaciones de una vieja antena abandonada, la extransmisora de LS 11 Radio Provincia de Buenos Aires. “Mi papá enseguida se dio cuenta de donde estábamos, conocía que era la planta transmisora de la radio, ya que había sido inspector de Segba y conocía perfectamente el lugar”, contó un sobreviviente.
Ubicación estratégica
A siete kilómetros de La Plata, el centro clandestino de detención pasaba desapercibido en Lisandro Olmos, un barrio de clase media baja, con algunas fábricas, casas sencillas y algunos terrenos deshabitados. La Cacha tenía una ubicación estratégica: estaba en un terreno aledaño a las Unidades 1 (de varones) y 8 (mujeres) del Servicio Penitenciario Bonaerense , entre la calle 197, avenida 53, ruta provincial nº 36 y calle 47. Algunas de las embarazadas de La Cacha fueron llevadas a parir a la maternidad clandestina que funcionó en el penal de mujeres Olmos. Una de ellas fue María Rosa Tolosa, la mamá de los mellizos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa.
La cercanía con las unidades carcelarias daba otra ventaja logística: las torres de seguridad que custodiaban a los detenidos legales, garantizaban el aislamiento e impedían cualquier fuga. “Los domingos se escuchaba por un altavoz que había visita”. Entonces los secuestrados sospechaban que podían estar en Lisando Olmos. “Un muchacho que estaba ahí detenido hacía ese comentario diciendo que la comida seguro que la traían del penal ”.
En la memoria de los sobrevivientes se grabaron algunos sonidos del afuera. Entre el mugido de las vacas, el croar nocturno de los sapos y los ruidos propios de la cercanía de un centro de detención legal, los testimonios recordaron: “Se escuchaban perros por la noche, es decir, era un lugar con ciertas características especiales, el sonido del tren en determinado momento del día”. Esos ladridos provenían del mismo predio, donde funcionaba la Sección Perros del Servicio Penitenciario.
Su configuración espacial explica además que La Cacha fuera una de las pocas cárceles clandestinas en la que participaron activamente agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Aunque desde mayo de 1977 este centro de tortura y exterminio estuvo en manos del SPB, la investigación judicial acreditó que aquí actuaron diversos grupos, dependientes del Regimiento 7, el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), la Marina y el Servicio Penitenciario Bonaerense, entre otros.
Adentro
Los secuestrados llegaban a La Cacha en plena noche, la mayoría de las veces encapuchados y en el baúl de un Falcon. “A mí me habían colocado una bolsa de arpillera en la cabeza para no ver y me ataron con alambres porque se les habían acabado las esposas.”, contó un sobreviviente. Algunos de ellos recuerdan –por los sonidos- que en la entrada había una garita con custodios y una reja que se deslizaba para dar paso al vehículo. Unos metros después, cuando el coche frenaba, los obligaban a caminar veinte o veinticinco pasos hasta una puerta, la de la casona principal, La Cacha.
Ese edificio era una construcción abandonada hacía más de 50 años, ex Planta Transmisora de LS 11 Radio Provincia. Comprendía tres niveles: una planta baja, un entrepiso y un sótano. En todos ellos hubo secuestrados.
Quienes regentearon el terror, demolieron las construcciones y destruyeron planos oficiales y fotografías en 1981 para borrar las huellas de lo sucedido. Por eso, la reconstrucción del funcionamiento del centro clandestino se fue tejiendo a lo largo de los años con la memoria de los sobrevivientes.
Debajo de la capucha, los secuestrados trataban de espiar: algunos llegaban a un salón amplio de la planta baja, que conectaba con dos cubículos contiguos. Espacios diminutos, donde debían entrar de cuclillas. Los llamaban “cuevitas”. La oscuridad de la capucha hacía confundir los días y las noches.
En la planta baja estaban también la cocina y la habitación de los integrantes de las guardias. Eran rotativas y las componían cuatro personas de diferentes fuerzas que se alternaban en la vigilancia: la Marina, el Servicio Penitenciario Bonaerense y los Servicios de Informaciones del Ejército, con sede en el Destacamento 101. La comida era poca y salteada, y se servía en recipientes de metal, en tachos con el sello del Regimiento 7 de Infantería de La Plata.
Frente a la habitación de los guardias se ubicaba el cuarto de las embarazadas: allí fue vista Laura “Rita” Carlotto, Elisa “Rosita” Cayul, y pasó unos días María Laura Bretal, liberada antes de parir y cuyo testimonio es clave acerca de los partos. A esas mujeres las obligan a trabajar, igual que a otros dos prisioneros, que junto con Rita y la Gringa (María Cristina García, obrera de Petroquí¬mica Mosconi desaparecida), la única de la habitación que no estaba emba¬razada. A ella la obligaban a ocuparse de la ropa utilizando la máquina de lavar que habían robado de su casa al secuestrarla.
El entrepiso
A otros, los llevaban a un entrepiso. En la memoria de los sobrevivientes quedaron grabados esos escalones anchos, los que subieron antes de pasar largas semanas en silencio, engrillados y con la prohibición de hablar. Cuando la guardia se descuidaba un segundo, los que llevaban más tiempo habían aprendido a correrse la capucha y a comunicarse entre ellos. “Trataban de que no entrara ni el más mínima rayo de luz. Sólo se interrumpía para ir al baño. Muchos recordaron que en la pared colgaba un afiche. “Era un barco y un dibujo de Firmenich con una valija, con lo cual se interpretaba: yo me llevo la plata y ustedes se quedan acá”.
Además de la planta baja y el entrepiso, había un sótano muy grande, dividido por alambrados de gallinero, con carreteles de cables y algunas máquinas en desuso, de los tiempos en que allí funcionaba la antena transmisora de radio. Era un lugar húmedo, lleno de ratas, pero tenía una ventaja respecto al entrepiso: la sombra del guardia se proyectaba por la luz de arriba y los secuestrados podían calcular el tiempo para estar destabicados.
El chalecito de la tortura
Las sesiones de tortura empezaban ni bien los secuestrados llegaban al lugar, casi siempre de noche. “Apenas llego, me llevan a un lugar de tortura”, contó una sobreviviente. La sala de los tormentos estaba en un pequeño chalet, a quince metros de distancia del edificio de principal. Los dos espacios estaban unidos por un sendero de lajas. En el chalecito varios recordaron un “laboratorio” de tortura, con ua puerta de metal, un elástico, una mesa con una silla, un balde para defecar y más ganchos en una pared manchada de sangre. “Por los gritos me daba cuenta que los estaban picaneando, por los gritos tremendos y entrecortados”. También mencionaron una oficina con un escritorio, donde se llenaban fichas de los secuestrados y había esquemas con flechas, fotos, nombres; y también los legajos de profesores y estudiantes.
A ese chalet los represores confinaron durante varios días a Laura Carlotto cuando volvió de parir, sin su bebé, y la mantuvieron alejada del resto de los cautivos.
Cachavacha Super Star
Algunos sobrevivientes recuerdan además una casa rodante junto a la casona. Los torturadores la llamaban “Cachavacha Super Star” o “Casa Azul”, donde había una máquina de escribir. Allí en un momento se confeccionaban fichas, pero había también interrogatorios sin capucha, de “adoctrinamiento” político. En esa casa rodante Ricardo Victorino Molina se encontró cara a cara con uno de los jefes, Gustavo Cacivio, del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
-Mirame bien –le dijo-. Yo soy el Francés, soy el que te torturé. Cuando nos crucemos en la calle, tirá primero porque yo te voy a tirar.
Cómo operaban las fuerzas
En la investigación, la Justicia probó que en La Cacha operaban distintas fuerzas de seguridad. Más allá de depender del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, en función de la división territorial diseñada para la “lucha antisubversiva”, operaron integrantes de la Marina, el Ejército, el Servicio Penitenciario Provincial y del Servicio de Inteligencia del Ejército.
En el centro clandestino, se movía indistintamente personal civil y militar. En general -aunque hubo casos excepcionales-, los militares dirigían los secuestros y conducían las sesiones de tortura. Los agentes civiles cumplían generalmente el rol de guardias, eran jóvenes, universitarios, y vivían casi todos en La Plata. Sin embargo, hacía cursos de formación y tenía un escalafón propio: quienes alcanzaban el rango C3 tenían un nombre de cobertura y en sus legajos aparecían cursos de inteligencia, contrainteligencia, subversión, contrasubversión, explosivos y apertura de cerraduras, entre otras técnicas.
El rol del Destacamento 101
Las fuerzas represivas no actuaban con patrones rígidos. En muchas ocasiones actuaron combinadas, no sólo en los operativos callejeros sino en las acciones de inteligencia. Eso quedó probado en el asesinato de las enfermeras Nora Formiga y Elena Arce Zahores. El 22 de noviembre de 1977, hombres uniformados del Regimiento 7 de Infantería las secuestraron de una casa de la calle 54. Las torturaron impiadosamente en La Cacha y después las llevaron a la comisaría 8va. Las asesinaron y enterraron sus cuerpos en tres tumbas sin nombre del cementerio platense. Por un legajo de la ex DIPBA se supo que la inteligencia contra las enfermeras había empezado en junio de 1976 y participó personal de, al menos, la Armada, el Ejército y la Policía bonaerense.
A diferencia del rol que cumplía la Inteligencia en otros centros clandestinos, donde en general se ocupaba de las labores previas al secuestro (información, seguimiento, diseño de operativos), en La Cacha el Servicio de Inteligencia del Ejército, a través del Destacamento 101, manejaba operativa y logísticamente los destinos de los secuestrados.
Los planos utilizados en este trabajo fueron confeccionados por María Inés Paleo, una sobreviviente que estuvo secuestrada en La Cacha en 1978, y valorados en sucesivos juicios.
Los espías
Historia de los tres civiles contratados por la oficina de Inteligencia para cumplir tareas de espionaje: Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, y Claudio Raúl Grande, el veterinario más querido de La Plata.
El Francés
“El Francés era un tipo muy culto, que andaba siempre perfumado y le gustaba la música clásica: la patota le llevaba discos y casetes robados y él los escuchaba en el chupadero”, contó un testigo 36 años después.El castillo embrujado
La Cacha debe su nombre a una metáfora cruel de los represores. “La Bruja Cachavacha” fue el personaje de un dibujo animado, la serie infantil Hijitus, creada por Manuel García Ferré a finales de los años 60 y muy popular en los 70. Cachavacha: el nombre de una bruja de risa maléfica y dueña de una escoba voladora que hacía desaparecer lo que barría. Vivía en una fortaleza, El Castillo de Cachavacha, junto a su pajarraco, y allí mantenía cautivos a sus prisioneros.
El nombre con que los guardias llamaban al centro clandestino de detención salió a la luz en el “Informe Clamor”. Ese informe fue confeccionado en una reunión secreta de exiliados argentinos. El encuentro, convocado por la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo, se realizó en octubre de 1983 en una casa apartada de las afueras de esa megaciudad brasilera. Allí se reunieron los sobrevivientes Néstor Torrillas, Nelva Falcone, Alberto Diessler, Roberto Amerise, Ana María Caracoche, José Luis Cavalieri, Alcira Ríos y Luis Pablo Córdoba.
Fueron ellos quienes contaron por primera vez que los torturadores llamaban “La Cacha” al centro. Ricardo Victorino Molina, que había estado secuestrado ahí, recordó mucho tiempo después el grito exacto de uno de los guardias: “¿Saben dónde están, terroristas, zurdos de mierda? Están en La Cacha, de la Bruja Cachavacha, la que hace desaparecer personas”.
Con el paso de los años y en las sucesivas declaraciones judiciales, todos llamaron al centro clandestino con ese nombre. Hoy empiezan a ser castigados los crímenes que ocurrieron en ese lugar donde lo simbólico se transformó en realidad. Cachavacha pretende robar el sombrero mágico de Hjitus. En el castillo embrujado, grita a los prisioneros del sótano: “de allí nos saldrán hasta que los convierta en fantasmas errantes”. Y una vez que logra convertir a Hijitus en fantasma, lo desafía: “¿Ahora sí obedecerás mis órdenes?”. Su pajarraco la alienta : “¡Con esta escoba barreremos con todo!”.
Cronología de un espacio desaparecido
Homicidios
Marcelo Bettini y Luis Eduardo Bearzi
El 22 de agosto de 1974, Marcelo Gabriel Bettini fue detenido junto a otros jóvenes por policías de la Unidad Regional La Plata en una casa de Los Hornos, un barrio en las afueras. Ese día, sus datos personales quedaron consignados en una ficha de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Ese día, el hermano del embajador argentino en España –Carlos Bettini- empezó a morir.
El 9 de noviembre de 1976, más de dos años después, Bettini caminaba por las calles de Tolosa, a pocos kilómetros de La Plata, junto con Luis Eduardo Sixto Bearzi, su compañero de militancia. Iban, sin saberlo, a una cita “cantada”: alguien que ya estaba en manos de los represores había anticipado ese encuentro. Cuando llegaron a la calle 4 bis, entre 528 y 530, una patota de la Unidad Regional de la Bonaerense lo emboscó. Bearzi quiso escapar y recibió tres tiros en la cabeza. Bettini tomó la pastilla de cianuro justo antes de que lo atraparan. El policía que dirigió el operativo fue Julio César Garachico, jefe del servicio de calle de la Unidad Regional.
En la investigación judicial, la defensa de Etchecolatz y de los policías acusados planteó que se trataba de un suicidio. Pero en noviembre de 2011, la Cámara Federal de La Plata lo calificó de “homicidio” y lo encuadró como delito de lesa humanidad: había actuado “coaccionado” para evitar la tortura y la muerte.
Unos días después, Antonio Bettini –abogado prestigioso, docente universitario y ex fiscal federal- logró que el jefe de la Policía Federal, Juan Pochelú, le entregara el cadáver de su hijo. Estaba en una fosa común del cementerio de La Plata. Cuando el teniente de fragata Jorge Devoto –casado con Marta Bettini, hermana de Marcelo- fue a reconocerlo, identificó también el cuerpo de Luis Bearzi, el compañero, y le avisó a la familia.
Persecución contra la familia Bettini
El ataque a la familia no terminó con el homicidio de Marcelo. Antonio, su padre, fue secuestrado el 18 de marzo cuando se iban de la comisaría 1era. y fue visto en La Cacha. El mismo destino corrieron varios empleados de la familia. Jorge Devoto fue secuestrado del Edificio Libertad y arrojado al mar en un vuelo de la muerte. A fines de 1977, fue secuestrada María Mercedes Hourquebie, la abuela de Marcelo. Tenía 77 años. Pasó por La Cacha y sigue desaparecida.
La policía conocía bien a los jóvenes muertos –lo cuentan los informes de ese día de la Dirección de Inteligencia-, aunque quiso fingir un tiroteo. Etchecolatz dijo que despertaron sospechas por “ser jóvenes y estar transitando por una calle arbolada”. Durante el juicio, pidió el acceso a la autopsia y al peritaje del arma atribuida a Bearzi. Pero hasta su compañero de banquillo y jefe civil en aquel momento, Jaime Smart, dijo en el debate que habían sido emboscados.
La querella de los Bettini agregó otras pruebas. Las autopsias no existían o se falseaban para los llamados “subversivos”, tal como lo demostró en su investigación sobre los libros de la morgue la testigo Adelina Alaye. El arma que supuestamente llevaba Bearzi nunca se secuestró, o al menos no aparece en ningún parte o informe. En cambio, las balas en el cráneo de Bearzi eran de ametralladora UZI 9 mm, que dispara 1200 tiros por minuto. El propio Etchecolatz aclaró que para dar tres tiros en el blanco con un calibre así había que disparar con la ametralladora emplazada. “El arma y los disparos demuestran que Bearzi fue emboscado con gente que estaba apostada, con el arma apoyada correctamente, para dispararle asertivamente al ser visto”, dijo el abogado Luis Osler en los alegatos. “Fue un fusilamiento. No hay dudas”, concluyó.
Por ambos homicidios se acusó a los policías Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján, Julio César Garachico.
Olga Casado
Para sus compañeros de militancia, Olga era “Julia”. En La Plata conoció a Juan Oscar Cugura, un montonero oriundo de Esquel, secuestrado semanas antes que ella. Por sobrevivientes se sabe que Olga estuvo en varios centros clandestinos, pero el tramo central de su cautiverio lo pasó en “La Cacha”. Allí dio a luz a Silvia, la hija que engendró con Cugura y que recuperó su identidad en 2008.
En 2012, los restos de Olga fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Había sido enterrada como N.N. en el cementerio de La Plata. Su cuerpo había sido acribillado a balazos.Dos de ellos le destrozaron el cráneo. Según Patricia Bernardi, del EAAF, Casado fue asesinada el 1º de marzo de 1978.
Esa prueba se agregó al juicio: la identificación se produjo después de la instrucción y fue clave para ampliar la acusación por homicidio doblemente calificado contra 14 de los 21 imputados.
En septiembre de 2014, en paralelo al juicio, los fiscales platenses a solicitaron elevar a juicio la apropiación de su hija, Silvia Cugura Casado.
Laura Estela Carlotto tenía 22 años y estaba embarazada de dos meses cuando fue secuestrada, junto a su pareja, a finales de noviembre de 1977. Estudiante de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, había militado en el área de prensa y propaganda de la JUP pero a esa altura la actividad política universitaria estaba prohibida y Laura había pasado como tantos otros a Montoneros.
Pasó la mayor parte de su cautiverio en La Cacha. En junio de 1978 fue trasladada a un lugar incierto a parir. Regresó sola al centro clandestino donde la conocían por su apodo: Rita. Permaneció allí dos meses más, creyendo que su bebé había sido entregado a su madre.
La noche del 24 de agosto de 1978 le dijeron que la liberaban. Horas después, fue asesinada en una ruta del gran Buenos Aires. Los represores entregaron el cuerpo a su madre, Estela de Carlotto, el 25 de agosto. Tenía el rostro desfigurado por un tiro.
Su caso, junto al de Olga Casado, fue bisagra. En el juicio, los imputados estaban siendo juzgados por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos –y por los homicidios de Luis Bearzi y Marcelo Bettini-. Pero de manera unánime las querellas, incluso la Fiscalía, solicitaron ampliar la acusación por homicidio en ambos casos.
Este año, después de 36 años de búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, se restituyó la identidad del hijo de Laura Carlotto. La noticia impactó en el juicio: la querella pidió incorporar al expediente el ADN que probó su identidad. "Si bien entendemos que el hijo de Laura no es víctima de esta causa, completa la materialidad de un hecho que afirmaron varios testigos. Ellos vieron parir a Laura en La Cacha. Por tal motivo, se solicita que se deje constancia del ADN y la partida de nacimiento de Ignacio Hurban, comprobando que es Guido Carlotto”, dijo Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas y solicitó que se profundice la investigación por el homicidio de Laura. El Tribunal lo aceptó.
Partos
En el juicio por los crímenes de La Cacha, 16 de los 21 imputados fueron acusados de secuestrar y torturar por sus ideas políticas a seis embarazadas que gestaron a sus hijos en cautiverio y dieron a luz en la cárcel de mujeres de Olmos y/o en algún sitio todavía incierto en las cercanías. Los imputados deberán responder en este juicio por el secuestro y los tormentos a los que sometieron a María Rosa Tolosa, María Elena Corvalán, Elsa Beatriz Mattia, Graciela Quesada, Cristina Marroco, Olga Noemí Casado y Laura Carlotto y por el homicidio de las últimas dos.
Cómo funcionó la maternidad clandestina de Olmos
Según contaron en la justicia otras tres embarazadas que estuvieron detenidas en la Unidad Penitenciaria de Mujeres N° 8 (entre 1974 y hasta mediados de 1975), entonces las llevaron a parir al Policlínico San Martín en la Plata, con fuerte custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Pero para el comienzo de la dictadura, ya se había habilitado en el penal de mujeres de Olmos una sala de partos. Esto hace pensar a los organismos de derechos humanos - Abuelas de Plaza de Mayo impulsó fuertes investigaciones sobre el tema- que el lugar se acondicionó como una maternidad clandestina, parte del engranaje para el robo y la apropiación de los hijos e hijas de los militantes secuestrados y desaparecidos. “Era una dependencia sanitaria absolutamente equipada”, contó a Infojus Noticias una mujer que fue presa política en Olmos antes de la dictadura.
En 1977 -el primer tramo que se juzgó sobre La Cacha- hubo al menos dos partos en la cárcel de Olmos.
María Rosa Tolosa
El 27 de abril dio a luz a dos niños en la maternidad clandestina de Olmos. La llevaron allí desde La Cacha, donde estaba secuestrada junto al padre de los chicos, Juan Enrique Reggiardo. Los médicos que atendieron el parto contaron que el nacimiento de Matías y Gonzalo fue una “ocasión especial para el penal porque eran mellizos”. Esa noche, María Rosa “fue ingresada como N.N y le hicieron una cesárea”.
Los mellizos fueron inscriptos como hijos propios por el subcomisario de la policía Federal Samuel Miara y su esposa Beatriz Castillo. Abuelas denunció el caso en la década del 80, pero los apropiadores se fugaron a Paraguay de un día para otro cuando los mellizos tenían 8 años. Pasaron más de 15 años hasta que conocieron la verdad. Recién en 1998, la Cámara Federal porteña confirmó la condena de Miara a doce años de cárcel por la apropiación, y redujo la de Castillo a tres.
El padrino de Matías y Gonzalo era el ex capitán (jefe de “Actividades Especiales de Inteligencia”) Ricardo Fernández. En el juicio por los crímenes cometidos en La Cacha, se lo acusó por el secuestro y la aplicación de torturas a más de cien personas, entre ellos, a los padres de Matías y Gonzalo que hasta la fecha continúan desaparecidos.
María Elena Isabel Corvalán
Cuatro meses después, en agosto de 1977, la estudiante de sociología María Elena Isabel Corvalán llegó a la maternidad de la Unidad 8 de Olmos con trabajo de parto. Dio a luz a una nena. La llamó Lucía. El marino Juan Carlos Herzberg entregó la beba a sus apropiadores: el comerciante platense Omar Alonso y su esposa María Luján Di Mattía. Ellos la inscribieron como propia, eligieron como padrino a Herzberg y la bautizaron María Natalia.
En 1985 Abuelas denunció el caso, pero los apropiadores, siguieron el camino de los Miara y se fugaron a Paraguay. El de Natalia, en 2006, fue el primer caso donde se determinó la identidad de una hija de desaparecidos con medios alternativos a la extracción de sangre: muestras de ADN tomadas de elementos de su casa. Alonso y Herzberg fueron condenados por su apropiación. En el fallo, el Tribunal ordenó también se abriera una investigación contra Francisco Bosia, el médico que firmó la partida de nacimiento apócrifa.
Los padres de Natalia, María Elena y Mario Suárez Nelson, continúan desaparecidos.
Elsa Beatriz Mattia
Ese mismo año, en marzo de 1977, Elsa Beatriz Mattia fue secuestrada en su casa en La Plata. Estaba embarazada de dos meses y cumplió el fin de su primer trimestre en el sótano de La Cacha. Según el testimonio de su marido, Néstor Torrillas, cuando la liberaron, tuvo enfrentar una gestación problemática. Elsa es una de las pocas sobrevivientes y figura entre las víctimas por las que deberán responder los imputados en el juicio por La Cacha.
Graciela Irene Quesada
En marzo de 1977, los grupos de tareas que operaban en La Plata, secuestraron también a Graciela Irene Quesada. Esperaba su tercer hijo, el primero con Guillermo García Cano. Ambos militaban en Montoneros. Por testimonios de sobrevivientes, se supo que permaneció detenida en la Brigada de Investigaciones de La Plata, en la Comisaría 5° y en La Cacha, por lo que su caso forma parte de este juicio. Los tres siguen desaparecidos.
Cristina Marroco
En 1977 también estuvo detenida ilegalmente en La Cacha la profesora de Filosofía y Pedagogía Cristina “Victoria” Marroco. Cuando la secuestraron, tenía un embarazo de dos meses. Según algunos de sus compañeros de cautiverio, lo perdió en el centro clandestino. Ana María Caracoche, sobreviviente, contó que ella y Cristina fueron trasladadas el 23 de abril de 1977 al Pozo de Bánfield, donde Marroco fue atendida por una hemorragia. Hasta la fecha continúa desaparecida.
Ana María Caracoche
Felipe Gatica, un bebe de cuatro meses, fue secuestrado con su madre Ana María Caracoche de Gatica, en abril de 1977, en Berisso. A Ana María la llevaron a La Cacha. Al niño lo terminaron dejando con una vecina. María Eugenía, la otra hija de Ana María de un año y dos meses, estaba desaparecida desde marzo, cuando las patotas se llevaron a la familia que la estaba cuidando. En La Cacha Ana María preguntaba desesperada por sus dos hijos, los secuestradores le decían que los habían llevado con su suegra. No era cierto. Con ayuda de Abuelas los chicos fueron restituidos a su familia en 1984 y 1985.
En este juicio, los secuestradores deberán responder por los tormentos a los que sometieron a Ana María y a Cristina.
1978: La pista de la médica policial
En 1978 no hay todavía partos confirmados en el hospital carcelario de Olmos, pero sí fuertes sospechas de que bebés de secuestradas en La Cacha, como Laura Carlotto y Elsa Cayul, podrían haber nacido ahí. El dato fuerte de ese año surge de las inscripciones fraguadas que llevaron la firma de la médica de la policía Bonaerense, Raquel Manacorda.
Olga Noemí Casado
Estando secuestrada en La Cacha, entre enero y febrero de 1978, la enfermera Olga Noemí Casado tuvo a su beba. Fue inscripta como hija propia por un oficial del Batallón de 601 de Inteligencia, Esteban Santillán, ya fallecido, y su esposa. En agosto de 2008, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que Silvia es hija de Juan Cugura y de Olga, militantes de Montoneros inhumados como NN en el cementerio de La Plata.
El certificado de nacimiento de Silvia Cugura Casado conduce a la médica de la policía Bonaerense Raquel Manacorda, que estampó su firma para simular el falso parto. Por la apropiación de Silvia fueron procesadas su apropiadora Celia Ger, sin arresto, y Manacorda. Por el homicidio de Casado fueron acusados varios de los represores llevados a juicio por La Cacha.
La médica policial no era nueva en esas tareas. Tambien fue condenada por firmar el certificado de nacimiento de Sebastián Casado Tasca, hijo de Adriana Tasca y Gaspar Casado e inscripto como propio por Ángel Capitolino y Silvia Molina. Las partidas tienen hilos que las unen: en ellas figura como domicilio de nacimiento el barrio de suboficiales del Regimiento 7 de La Plata, en la calle 54 entre 19 y 20, La Plata. El entregador de Sebastián el ex teniente Luis Von Kyaw, logró eludir la justicia hasta semanas atrás cuando, después de haber permanecido prófugo durante cuatro años, fue extraditado desde Panamá. Capitolino murió antes del juicio. La médica fue condenada a 10 años de cárcel y Molina a cinco años y seis meses. El caso de Sebastián y su madre no forman parte de este debate, por indicios se supone que Adriana habría permanecido secuestrada en La Cacha y/o la comisaría Quinta, en La Plata.
Laura Carlotto
La hija mayor de Estela Barnes y Guido Carlotto desapareció a fines de noviembre de 1977, embarazada de dos meses, y estuvo secuestrada nueve, hasta el 25 de agosto de 1978, cuando fue asesinada. Según ella misma contó a sus compañeras de cautiverio en La Cacha, que la conocían como “Rita”, podría haber estado los primeros días en el centro clandestino en la Escuela Mecánica de la Armada, antes de ser trasladada al centro clandestino donde pasó la mayor parte de su secuestro. En junio de 1978 una de sus compañeras, María Laura Bretal, fue testigo de que la trasladaron a parir y volvió días después, sin su bebé. La Justicia debe determinar adónde la llevaron. Según Laura contó a sus compañeras, parió engrillada y encapuchada, y tuvo varón al que llamó Guido, como su abuelo.
El 5 de agosto pasado, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que Ignacio Hurban, un músico de Olavarría anotado como propio por dos peones de campo, es hijo de Laura y de Walmir “Puño” Montoya, militante de Montoneros secuestrado con Laura Carlotto y asesinado días después. Los restos de Puño aparecieron en un cementerio de Berazategui.
La jueza María Servini de Cubría investiga la apropiación del nieto de Estela de Carlotto, pero su competencia aún es materia de debate (quienes fraguaron la documentación del nacimiento recusaron a la magistrada).
Más casos
Elisa Cayul
Con Laura compartieron cautiverio otras dos mujeres embarazadas: María Laura Bretal y Elisa “Rosita” Cayul. Se acompañaron durante la gestación y se prepararon juntas para el trabajo de parto. María Laura dio a luz días después de su liberación. En el caso de “Rosita”, Bretal recuerda que entre el 18 y 19 de junio de 1978 fue trasladada con trabajo de parto para dar a luz al hijo que concibió con José Cugura. La pareja y el bebé que nació en cautiverio permanecen desaparecidos. Cayul y Cugura tenían tres hijos que todavía los buscan. Y son primos de Silvia Cugura Casado, la hija de Juan Cugura, su tío, y Olga Noemí Casado. Los secuestros de Elisa y de María Laura forman parte de la segunda investigación que lleva adelante la Justicia federal platense por el funcionamiento del centro.
Susana Pegoraro
En junio de 1977, Susana Pegoraro, embaraza de cinco meses, fue secuestrada por un grupo de tareas en la estación de trenes Constitución. Por otros sobrevivientes se sabe que recorrió varios centros: primero estuvo en la ESMA, después en la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata, luego en La Cacha y, finalmente, devuelta a la ESMA. Allí, a fines de noviembre dio a luz a una niña.
El exmarino Luis Vázquez Policarpo y su esposa, Ana María Ferra, inscribieron a la recién nacida como propia. En 1999, Vázquez reconoció había recibido a la niña cuando trabajaba en el Edificio Libertad. Como la joven se negó a dar sus datos genéticos, en 2008 la Justicia ordenó recoger objetos personales en su casa para conseguir muestras de ADN. Así se confirmó que era hija biológica de Susana y Rubén Bauer. En 2011, los apropiadores, junto con la partera que firmó el certificado de nacimiento, Justina Cáceres, fueron condenados.
El secuestro y las torturas a las que fue sometida Susana durante su cautiverio en La Cacha no forman parte de este juicio, porque la Cámara de Apelaciones consideró que faltan pruebas.
Los mellizos Reggiardo Tolosa
Matías y Gonzalo nacieron en la Cacha y fueron apropiados por Samuel Miara, un policía de la Federal que está siendo juzgado. “De más está decir que espero justicia por mis padres. Este es un día bisagra en la historia de mi vida”, dijo Matías cuando declaró.
Natalia Suárez Nelson
Es la primera nieta restituida con métodos alternativos a la extracción de sangre Su testimonio reconstruyó un pedazo de historia argentina: un cantante de tangos apropiador, reuniones secretas con un dictador boliviano y una justicia que tardó dos décadas en devolverle la identidad.
Vivir y parir en La Cacha
Laura, la hija de Estela de Carlotto y madre de Ignacio Guido Montoya Carlotto, pasó varios meses embarazada en el centro clandestino La Cacha. Este capítulo del libro “Laura”, de María Eugenia Ludueña, reconstruye ese momento.
La declaración de Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo llegó al Tribunal bajo la lluvia, acompañada por tres de sus nietas, que siguieron el testimonio en primera fila. “Este juicio amerita que hable como la mamá de Laura, como una mujer que tenía otros sueños y una familia sin sillas vacías”, dijo al principio de su declaración.
La búsqueda de Guido
Recorrido por los diez hitos de largo y doloroso proceso que vivió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a su nieto. La búsqueda empezó cuando Laura fue secuestrada en noviembre de 1977.
Ignacio Guido se presenta al mundo
El aire estaba cargado: no era una conferencia de prensa típica. Era la primera aproximación al nieto de una abuela emblemática, Estela Barnes de Carlotto. Ese que conmovió a millones de personas como si fuera de su familia, el hijo de Laura Carlotto y de Walmir Oscar Montoya.Víctimas
Por La Cacha pasaron unas doscientas personas en casi dos años y sólo sobrevivió una tercera parte de ellas. En su mayoría, eran estudiantes universitarios o trabajadores. Los primeros vivían –en una gran cantidad de casos- en el casco urbano de la ciudad, tenían una militancia solapada y fueron blancos predilectos del Ejército, el Servicio Penitenciario o el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). La caída de los obreros fue distinta: trabajaban en fábricas del Polo Industrial de Berisso y Ensenada o del conurbano. Algunos desplegaban una participación sindical, otros no. Muchos de ellos fueron secuestrados por la Fuerza de Tarea N° 5 que dirigía el teniente de Navío Juan Carlos Herzberg.
A diferencia de las víctimas trasladadas de un campo de concentración a otro en el “circuito Camps”, los encapuchados que llegaban por las madrugadas a La Cacha eran arrancados de sus casas o de las fábricas, o levantados en plena calle.
Ningún familiar supo en aquellos días de 1976 a 1978 que sus seres queridos habían ido a parar a una construcción de tres pisos en Lisandro Olmos, a pocos metros de las unidades penales. Los buscaron en juzgados, comisarías, morgues y hospitales. Pero todos los habeas corpus fueron negativos. La primera vez que se habló de ese lugar fue en el informe Clamor: ocho sobrevivientes se reunieron en 1981 en San Pablo y recrearon el infierno al que los represores llamaban La Cacha.
Los sobrevivientes fueron liberados en medio de la noche en las afueras de la ciudad, o llevados a la Comisaría 8va. o a cárceles como la Unidad 9. También se fingieron enfrentamientos, como en los casos de Laura Carlotto (cuyo cuerpo fue entregado a la familia) o Carlitos Lahite. Algunos de los cuerpos sin vida se escondieron en fosas comunes o enterramientos clandestinos para borrar el saldo de la masacre. No pudieron. Las víctimas directas, sus allegados y familiares, rearmaron con una memoria tenaz los rostros de los culpables y responsables. “Después de tanto esperar, hoy pudimos venir a decir lo nuestro. Estamos un paso más cerca de la justicia”, dijo en el juicio Julia Pizá, hija de Liliana, desaparecida.
El “ingeniero” de Montoneros
Guillermo García Cano, el hombre capaz de crear sofisticados escondites estuvo en La Cacha y en la Brigada. Ante el tribunal, sus hijas y su mujer recordaron cómo después del secuestro, los represores permitieron un contacto demencial y esporádico con su familia.
La mujer que identificó a sus torturadores
Patricia Pérez Catán tiene 59 años y ahora es una médica reconocida de Mar del Plata. Hace 27 años la secuestraron y trasladaron a La Cacha. Llegó de noche y la recibieron colgándola de pies y manos de un gancho de la pared. "Tenía miedo de lo que me podía pasar si reconocía esas caras", declaró.
El último adiós de una hija
María Julia Bearzi tenía dos años cuando vio por última vez a su madre, en 1977. Graciela Quesada estaba detenida-desaparecida y le permitieron ir a saludar a su hija por su cumpleaños. Nunca más se vieron. Su padre había sido asesinado meses antes. Eran militantes montoneros.
Palabras para Julia
Julia Pizá es hija de un hombre fusilado y una mujer desaparecida en La Cacha, sobrina de una chica presa y torturada en Devoto, un muchacho preso y torturado en Rawson. Esta es la crónica de un día de “plena felicidad” para ella: su testimonio en el juicio.Acusados
Batalla
El juicio: doce momentos
1.-Un tenso primer día
El juicio oral y público por los crímenes de La Cacha empezó con los ánimos caldeados. El 18 de diciembre de 2013, los 21 imputados entraron a la sala–el teatro de la ex Amia en La Plata- después del mediodía, envueltos en chiflidos y cánticos de los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos. Héctor “El Oso” Acuña, uno de los torturadores más feroces de La Cacha, respondió levantando los dedos en “V”. Las tensiones de esa audiencia inaugural no terminaron ahí: un rato después, el abogado del agente de inteligencia Claudio Raúl Grande, Juan José Losino, se trenzó con el presidente del Tribunal. Pidió nuevos reconocimientos de su cliente –en rueda de persona, de voz y fotográficos- que le fueron denegados. Recusó a Carlos Rozanski por prevaricato: “Hasta las baldosas saben de la animosidad existente entre el juez Rozanski y los procesados por delitos de lesa humanidad”, acusó Losino. Rozanski le advirtió que si no bajaba el tono lo iba invitaba a retirarse. “Este Tribunal no se rascó todo el año”, dijo, furioso, en respuesta a una acusación previa de Losino. Fue denegada por sus colegas Pablo Vega y Pablo Jantus.
2.- Amenaza del oso Acuña
Héctor Acuña era uno de los guardias más temidos: a lo largo del debate, los sobrevivientes recordaron las palizas, las agresiones físicas y emocionales, y las torturas con picana eléctrica de las que se jactaba de disfrutar. En el juicio, la violencia de sus días en el infierno no había menguado: durante la lectura de los alegatos, se trenzó con una exsecuestrada y terminó amenazándola. En el cuarto intermedio, la mujer le había advertido a la custodia –un joven agente penitenciario- que el reo estaba desposado. El “Oso” reaccionó a los gritos: “¡Zurda, hicieron mierda el país en diez años!”, gritó. Y mientras tres guardias se lo llevaban tímidamente por el pasillo, soltó la amenaza: “¿Qué vas a hacer dentro de tres o cuatro meses, vos? ¡Ya te voy a agarrar, a vos!”.
3.-La mujer que identificó a sus torturadores
Patricia Pérez Catán militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de La Plata y cursaba el último año de Medicina el 31 de enero de 1977, cuando una patota destrozó la puerta de su departamento en Mar del Plata y la cargó –esposada y vendada- en el baúl de un Ford Falcon. El 12 de marzo de 2014, ante el TOF 1 de La Plata, volvió a contar aquella noche de su secuestro por enésima vez. También rememoró el cautiverio y el embarazo de sus compañeras encapuchadas. Su relato fue crucial: pasó varios meses en La Cacha y, a punto de recibirse de médica, la destinaban a la atención primaria de los secuestrados. Recordó a muchísimos compañeros, algunos muy lastimados, y pudo identificar a más de uno de sus torturadores. “En el ’98 fue mi primera declaración: miedo. ¿Sabe lo que es eso? Miedo a lo que me podía llegar a pasar si reconocía alguna cara o alguna persona”, confesó a los jueces del tribunal.
4.-Etchecolatz mataría de vuelta
En la audiencia del 5 de febrero de 2014, el arquitecto de la represión en la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz (ex comisario y director de Investigaciones de la Policía Bonaerense), tomó la palabra y, fiel a su estilo, provocó a la audiencia. "Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo", dijo. Después, agregó : “Defendimos a la patria y nuestros soldados fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, y del derecho a la familia cristiana”.
En mayo, se desmayó escuchando a una sobreviviente. Lo llevaron al Hospital San Martín con un pico de presión. Dos semanas después, visiblemente recuperado, volvió a declarar. Dijo que en los ´70, llegaban “insectos foráneos” y se “entrometían en el país”. El ex comisario intentó desligarse del asesinato de Marcelo Bettini, militante de Montoneros. Y, una vez más, se adjudicó el papel de víctima: objeto de la venganza jurídica de quienes fueron derrotados bajo la ley de las armas en aquella época, donde asesinó y mandó a asesinar “en combate”.
- ¿A qué se refiere con insectos foráneos?- repreguntó Rozanski.
- Los que llegaban desde Cuba, de afuera. No solo personas, también ideas- respondió el represor, sin titubear.
5.-El enigma del represor Pablo
Uno de los mayores interrogantes del juicio fue sembrado por Losino, el abogado defensor de Claudio Grande, el agente que cumplió funciones en el Destacamento de Inteligencia 101 durante toda la dictadura. Losino planteó que se estaba juzgando al hombre equivocado: lo describió como un simple escriba, virtuoso para el dibujo con óleos, alguien que enese tiempo nunca había escuchado el nombre de La Cacha. Según su versión, el guardia apodado “Pablo” que desde inicios de la década del ‘80 vienen mencionando los sobrevivientes, es Estanislao Chiara Vieyra, un agente de inteligencia de gran parecido físico, que aparece –al igual que su cliente- en las listas desclasificadas del personal civil del Batallón 601, estuvo destinado al Destacamento 101 y también, como Grande, estudiaba en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de La Plata.
Para Losino, su nombre y su legajo habrían sido ocultados por sus contactos indirectos con el jefe del Ejército, el general César Milani. Para fundarlo, citó el perfil de Linkedin de la hija de Chiara Veyra, que sería secretaria privada del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis María Carena.
6.-El “show” de Losino
El defensor Juan José Losino estaba decidido a no ser un actor de reparto. Después del cruce del primer día, mantuvo en casi todas las audiencias un perfil muy alto. Pidió cientos de recursos que dilataron algunas audiencias e interrumpió cuanto pudo. A los testigos que involucraron a su cliente, Claudio Grande, les hizo cuestionamientos filosos. Tanto que el CODESEDH –organismo que hace el acompañamiento psicológico de los testigos- lo advirtió en uno de sus informes.
Losino es un penalista conocido en La Plata: suele aceptar clientes con cargos graves. El odontólogo Ricardo Barreda, Agustín Arrien -condenado por el homicidio su pareja, que fue hallada agonizando en un zanjón de Villa Elisa y funcionarios de IOMA detenidos por estafa fueron algunos de sus defendidos. Losino es muy hábil con el uso del rebote mediático -algunos periodistas locales lo conocen mucho- para incidir sobre el curso de las causas o juicios orales.
7.-Adelina de Alaye: los médicos cómplices
El 21 de diciembre de 2013 declaró Adelina Dematti de Alaye, Madre de Plaza de Mayo de La Plata, por la desaparición de su hijo Carlos. Denunció el accionar de los policías médicos de la morgue de la Policía. Dijo que fraguaron el libro de actas y los certificados de defunción de detenidos-desaparecidos, anotados como NN y enterrados ilegalmente en distintos cementerios. Dio una lista de los médicos que ocuparon un lugar fundamental en la cadena de complicidad de la dictadura y detalló cómo hacían desaparecer los cuerpos.
El impacto fue inmediato: entre los 21 médicos señalados, estaba el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Enrique Pérez Albizu. Renunció días después de la declaración, ante el reclamo de las organizaciones. Después fue expulsado por el Consejo Superior de la UNLP. Adelina demostró que –entre el 25 de febrero y el 25 de mayo de 1977– Pérez Albizu firmó nueve registros de exámenes de cadáveres NN, asesinados por la represión.
Su testimonio se basó en una investigación propia, que convirtió en libro, "La marca de la infamia. Asesinatos, complicidad e inhumaciones en el cementerio de La Plata", publicado este año. Llegó a una conclusión fundamental en las responsabilidades civiles: “esos médicos se insertaron sin problemas como herramientas en la fábrica del horror”.
8.-Ampliación por homicidios: Olga Casado y Laura Carlotto
En un giro inesperado, y por pedido de las querellas y del Ministerio Público Fiscal, el1 de julio de 2014 el Tribunal amplió las acusaciones por homicidio a 19 de los 21 imputados, por los crímenes de Olga Casado y Laura Carlotto. Como peritos especializados, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dieron detalles sobre cómo fueron asesinadas en el centro clandestino de detención platense: esas pruebas acreditaron los hechos.
Hasta ese momento, a todos los acusados se los imputaba por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, que prevén penas de hasta 25 años de prisión. Con una excepción: los acusados del asesinato de Marcelo Bettini. Sin embargo, las querellas pidieron la ampliación por homicidio por un grupo de víctimas. El Tribunal sólo avaló las de Casado y Carlotto. Con la incorporación de esta figura, se contempló la posibilidad de una futura condena a prisión perpetua.
Los restos de Olga Casado –cuya hija fue identificada por Abuelas en 2008- fueron identificados en abril de 2012, después de la acusación. En el caso de Laura Carlotto, el jurado valoró el relato de Norma Aquín, que compartió cautiverio con la hija de la presidenta de Abuelas. Aquín dijo haber visto a Laura en La Cacha. “El 24 de agosto del 78 la trasladan”, declaró. El 25 de agosto, quedó registrada la muerte por el certificado de defunción. El Tribunal consideró que con el relato de Aquín había quedado corroborado el homicidio.
9.-Pendiente: delitos sexuales
En agosto de este año, la querella de la organización Justicia Ya! presentó una ampliación de la acusación por delitos sexuales. Fue enérgicamente rechazada por la defensa. El delito más grave consideró a los represores como "coautores de violación en grado de tentativa" contra las víctimas Berta Itscovich y Stella Maris Bojorge, agravada por el hecho de que estaban bajo la guarda de los presuntos autores. La acusación fue contra doce imputados y se describieron los relatos de los sobrevivientes, que narraron episodios de desnudez, abuso y violaciones, “hechos que consideramos como parte del plan sistemático de genocidio y no como hechos individuales de los represores involucrados", dijo la abogada Carolina Vilchez. Y habría sido una práctica masiva: el delito de” abuso deshonesto agravado”, según la querella, alcanzaría a 127 casos, entre mujeres y hombres.
Finalmente, el Tribunal no dio lugar y los delitos sexuales comprendidos como delitos de lesa humanidad quedaron pendientes para un próximo debate.
10.-El entregador de Guido Carlotto
Tras la recuperación de la identidad del nieto de Estela de Carlotto, la querella de Abuelas pidió incorporar la prueba de ADN al expediente. Aunque entendió que el hijo de Laura no es víctima de esta causa, exigió profundizar la investigación porque “es claro que hubo testigos que vieron parir a Laura en La Cacha”. El fiscal Hernán Shapiro hizo eco del reclamo y pidió al juzgado de María Servini de Cubría la competencia para investigar la trama. Su argumento es que la sustracción del niño tiene conexión con los delitos que sufrió su madre. La causa por la apropiación todavía está en disputa por la competencia.
Laura Carlotto pasó nueve meses secuestrada en “La Cacha”. En el tramo final del juicio, el día de los alegatos de la querella, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas, dijo: “El entregador de Guido debe estar sentado entre los imputados”. Sentada en las primeras filas del auditorio, Estela Barnes de Carlotto siguió de cerca el debate. “Hoy vengo a escuchar estos alegatos con la alegría de haber encontrado a mi nieto, pero reforzando una vez más que estos juicios son necesarios para cerrar ese pasado de tanto horror”, dijo la presidenta del organismo. Y cerró con un mensaje esperanzador, de cara a la sentencia: “Este tribunal, esta ciudad, han sido un ejemplo de estos procesos, desde que nacieron los juicios por la verdad. La justicia llega, tarde pero siempre llega”.
11.-Sentencia: un luminoso día de Justicia
“Como a los nazis/les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”, cantó el auditorio mientras once represores entraron custodiados por penitenciarios con chalecos antibalas y escudos antidisturbios. La lectura a los 20 imputados del veredicto duró una hora y diez minutos: abrió con la condena a perpetua Miguel Etchecolatz, ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense. El público celebró con aplausos y cantitos. Etchecolatz no se inmutó. Otros 14 represores también fueron sentenciados a perpetua. Hubo cuatro penas menores (por ser “partícipes secundarios” y no “autores”) y una absolución. El fallo fue paradigmático en un punto: ordenó quitar jubilaciones y pensiones. Y exhortó a convertir La Cacha y el Destacamento 101 en sitios de memoria. Apenas terminó la lectura, Estela de Carlotto se abrazó fuerte con sus hijos Claudia y Kibo. El mismo gesto se repitió en la sala. Afuera, había un clima de festivo. Los abrazos se multiplicaron, interminables, entre las víctimas, los abogados, los militantes y familiares que habían llegado para asistir a un día histórico.
12.-Etchecolatz y su última provocación
El tribunal ya estaba terminado con la lectura de la sentencia. Miguel Etchecolatz se dio vuelta y miró a Estela de Carlotto y otros familiares. Sacó un papelito, que quiso entregar al tribunal. No lo dejaron. Los fotógrafos de Infojus Noticias lograron ver y retratar el mensaje: "Jorge Julio López". De forma entrecortada, se ven las palabras "secuestro" y el verbo "secuestrar". El represor es uno de los principales acusados de la desaparición de Jorge Julio López, en 2006. El sobreviviente lo había señalado como uno de sus torturadores. ¿Qué habrá querido decir Etchecolatz con ese mensaje? ¿Cuál fue su verdadera intención? ¿Fue un gesto de desesperación al recibir una nueva condena por delitos de lesa humanidad o quiso revelar alguna información que hasta allí no había explicitado? Ahora la justicia lo deberá determinar.
